El exministro del Trabajo y Previsión Social y actual consejero constitucional, Yerko Ljubetic (CS), se refirió a la significativa participación de la oposición en el Consejo Constitucional y hace una autocrítica sobre los resultados, recalcando que afectó que el conjunto de centro izquierda e izquierda no hayan concurrido en una sola lista. "Si es que hubiesemos ido como un solo pacto, hubiera incrementado nuestros resultados electorales, porque el incumplimiento de la lista PPD y DC fue un impacto significativo en los resultados". 

Además, el representante de Convergencia Social por la Región Metropolitana cree que a este factor se suma que Republicanos apeló a temas de contingencia que son "claramente prioritarios" para la ciudadanía -como la seguridad, delincuencia y la crisis migratoria-, pero que no tienen nignuna referencia efectiva a contenidos constitucionales, siendo una estrategia "poco responsable" a lo que se está discutiendo. 

A pesar de la gran representación de la derecha en el consejo, Ljubetic sostiene que deben ser capaces de llegar a acuerdos en la mesa de conversación, ya que si esto no ocurre, se estaría comprometiendo "gravemente" el éxito del proceso.

”Para nosotros es crucial que los derechos sociales dejen de depender de los ingresos y del tamaño del bolsillo de una persona. Esa es nuestra comprensión, en términos simples, de un Estado social de derecho”.

-¿Qué espera de la derecha en este nuevo proceso?

Todavía es incierto. Por un lado tenemos consejeros republicanos que plantean una perspectiva de dialogo y de búsqueda de acuerdos, pero que son rápidamente desmentidos o contradichos por las afirmaciones de otros, como el caso muy preocupante del consejero Luis Silva. Entonces no está claro qué esperar. Pero lo que está claro es que si no hay una discusión afectiva de diálogo en búsqueda de acuerdos, se compromete gravemente el éxito del proceso. Eso creo que es un diagnóstico, o debiera ser un diagnóstico ampliamente compartido.

-¿Qué temas estima que hay que mirar con más profundidad en el nuevo proceso?

Lo que se ha visto en la Comisión Experta es un adelanto de los temas con mayor y menor atención. Yo veo un alto nivel de debate, de dificultad y complejidad para llegar a acuerdos en materia de derechos sociales. Es decir, las distintas comprensiones que tenemos sobre el Estado social de derecho. Yo creo que estos han sido los tópicos más evidentes. También tenemos otros temas relevantes, por ejemplo, en materia de derechos humanos. Para nosotros es muy importante el modo en que la Constitución acoja el derecho internacional de los derechos humanos. Y también es muy relevante no retroceder en materias que consideramos que son cruciales y que se ha avanzado política y culturalmente en el último tiempo. Me refiero a cuestiones como la paridad de género y la de reconocimiento, no sólo de la existencia de los derechos de los pueblos indígenas.

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Rol del Estado

-¿Cómo debe quedar estipulado el Estado social y democrático de derecho en esta nueva Constitución?

Para nosotros es muy crucial que la nueva Constitución avance respecto a lo que tenemos en la actualidad, en el sentido de que vayamos transitando a un país en el cual los derechos sociales, como la salud, educación, vivienda y la seguridad social, sean progresivamente garantizados y su acceso sea sin discriminación alguna, ni de género, ni de edad económica, ni nada. Que estos derechos dejen de depender de los ingresos y del tamaño del bolsillo de una persona. Esa es nuestra comprensión en términos simples de un Estado social de derecho.

Nosotros, naturalmente, no entendemos que esto signifique la presencia exclusiva y excluyente del Estado en la provisión de estos derechos. Es evidente que en el país debe haber un espacio para la vida privada. Pero lo importante es que sean cuales sean los actores, en concreto en la provisión de estos derechos, estén sometidos al interés común y público. Realmente esto debe primar sobre el interés individual o de los prestadores privados. En ese contexto creo que es posible pensar en una coexistencia de operadores. 

-¿Cree que el modelo de Estado Subsidiario y el Estado social y democrático de derecho se contraponen, o se podría llegar a un punto de encuentro en ambos?

Yo creo que conceptualmente la definición de Estado subsidiario y el Estado de derecho son contradictorios. Una supone un Estado que cede espacio a la iniciativa privada y el otro supone un Estado activo, responsable y protagonista. Lo que quiero decir es que en el contexto de este segundo concepto, este no excluye la posibilidad de concurrir a prestadores privados. Lo que le da el carácter de Estado social de derecho, que lo diferencia de los Estados subsidiarios, es la forma en que los prestadores públicos están sometidos y regulados al interés público que representa el Estado. Por lo tanto, será el interés público que prime por sobre el interés de ganancia de las empresas, que eventualmente colaboran en la prestación de estos servicios.

-Respecto al modelo de Estado empresario, que se abre a raíz de la estrategia nacional del litio, ¿creen que se debería consagrar o no en la nueva constitución?

Uno de los avances que debe incluir esta nueva Constitución es que abra espacios y desarrolle márgenes dentro de los cuales el Estado pueda desarrollar actividades consideradas estratégicas. Estamos en un momento en el país y en el mundo en el cual la precariedad y la fragilidad de los sistemas hace que los estados tengan que tomarse muy en serio las cuestiones productivas y económicas que se adoptan, y por lo tanto, es perfectamente razonable pensar que algunas de esas decisiones supongan un rol muy activo del Estado. Esto, que actualmente existe, debe quedar despejado de manera que el país quede en condiciones de enfrentar cuestiones complejas y estratégicas como lo del litio, con una mirada de largo plazo y con una perspectiva de interés nacional.

-En el ámbito medio ambiental, ¿qué se debe considerar en la nueva Carta Magna?

-Se debe actualizar la definición del derecho al medio ambiente, y no solo en términos de libre contaminación, sino de un medio ambiente ecológicamente equilibrado. Por otro lado, deben haber medidas y regulaciones que aseguren que los proyectos de desarrollo, los proyectos económico y los que se planteen en el ámbito de la política, estén basados en el concepto de desarrollo sustentable, es decir, en que, independientemente de las modalidades productivas y de los diseños económicos que se propongan, no sean a costa de la destrucción de la de la naturaleza y de poner en riesgo el capital natural y los activos naturales del país para las futuras de generaciones. Tiene que haber una perspectiva y una mirada de futuro que impregne una cierta definición de las obligaciones y facultades del Estado para orientar las distintas perspectivas económicas en función del desarrollo sustentable.

-En relación a los tratados de libre comercio, ¿cómo cree que una nueva Constitución pueda influir en esta materia?

Hay que mantener el criterio de que las relaciones internacionales, en sus distintas dimensiones, correspondan a los gobiernos de turno. Por lo tanto, hay que dejarles todo el margen necesario para que los gobiernos efectivamente puedan adoptar sus decisiones en el plano de sus relaciones económicas internacionales.  Eso va a imponer a los gobiernos a que tengan una especial consideración en el sentido de que su relación económica vale. Creo que los gobiernos tienen que mantener sus facultades y sus márgenes de acción a la hora de llevar las relaciones internacionales al país. Pero ahí seguramente tendría que haber ciertas, diría yo, definiciones constitucionales que tendrán que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones concretas en ese plano.

-Con la balanza moviéndose hacia la oposición, y luego del fracaso del antiguo consejo, ¿cree que al final de este camino logren hacer una nueva Constitución exitosa?

Primero tenemos que volver a definir lo que consideramos como exitoso. Pero está claro que exitoso ya no es que todos los sueños y expectativas de un sector sean contenidos en una Constitución, en perjuicio de las miradas de otros sectores. Exitoso va a ser el que logremos un conjunto de acuerdos mínimos razonables que dejen a todos los sectores satisfechos. Probablemente no gritando de entusiasmo, pero básicamente satisfecho, de tal manera que podamos concurrir a promover la aprobación del texto final. El éxito está marcado por la decisión que tome la ciudadanía el próximo 17 de diciembre. Y naturalmente, para que la ciudadanía concuerde de un modo consensual o muy mayoritario en una nueva Constitución, el texto que se proponga tiene que venir precedido de un acuerdo más o menos de las mismas características en el seno del Consejo Constitucional. Yo creo que es el único modo de cerrar satisfactoriamente este capítulo constitucional y darle estabilidad al país en algo tan importante como es la definición de un marco de convivencia social y política.